Importancia del Control de Calidad en la Educación Superior

Antes de la sanción y promulgación de la Ley N° 4995/2013 “De Educación Superior” del Paraguay distintos organismos públicos publicaron sus reflexiones y propuestas para un necesario ordenamiento jurídico con respecto a la creación y el financiamiento de las instituciones de Educación Superior. Se destaca la participación del Consejo de Universidades, el Consejo Nacional de Educación y Cultura, la Comisión Bicameral para el Estudio de la Reforma de la Educación Superior, el acompañamiento de las universidades públicas y la Asociación de Universidades Privadas, incluso la Comisión Nacional de Reforma de la Educación Superior, participaron años atrás del debate.

Los estudiantes bien organizados tienen mayores posibilidades de decidir los contenidos que desean incorporar a su formación. La decisión de qué materias se dictan obligatoriamente y cuáles son optativas no está en manos de los alumnos. Sin embargo, a las autoridades les resultará casi imposible desestimar propuestas si vienen enunciadas por un grupo organizado de representantes.

Los actores institucionales coincidieron en temas convergentes de la Educación Superior (ES), como son, en primer lugar, la necesidad de instituir un órgano de control eficiente y eficaz que tenga como responsabilidad insoslayable fortalecer y garantizar la calidad del Sistema Educativo. En segundo lugar, la inevitable responsabilidad del Estado de avalar el acceso a la calidad y la sostenibilidad del Sistema. En tercer lugar, la necesidad de fortalecer una instancia técnica competente y validada, en el ámbito del Mercosur, para la evaluación y acreditación de instituciones y carreras del ámbito de las IES (Instituciones de Educación Superior).

Finalmente, en cuarto lugar, la creación de instituciones, la habilitación de carreras y la extensión de filiales deben estar sujetas a requisitos estrictos que tengan en cuenta el derecho ciudadano a recibir una educación de calidad según un sistema de indicadores concluyentes (estructura adecuada, financiamiento, cuerpo docente, estándar de horas clase, capacidad para llevar a cabo actividades de investigación y extensión y calidad docente).

El mercado objetivo son jóvenes de las clases menos favorecidas, con aspiraciones. Seres humanos llenos de esperanzas por lograr un título universitario, que abrigan la ilusión de que éste les permita ascender posiciones en la escala socio económica.

La referida ley N° 4995/2013 encarga a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) la verificación y certificación sistemática de la calidad de las instituciones, sus filiales, programas y carreras, imponiendo la acreditación de las carreras como condición para lograr fondos y becas del Estado y acceder a sus concursos de licitaciones y prestaciones. Es importante que esta agencia cumpla cabalmente sus funciones para contribuir en gran medida a depurar la educación superior y a elevar el nivel de la enseñanza. Y, sobre todo, el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) haría una obra encomiable si ejerciera su facultad de intervenir y hasta clausurar universidades. Porque abundan las universidades de garaje, que ya deberían haber sido intervenidas.

Como dice Claudio Rama, experto uruguayo en educación superior, “se necesita una política, que no se creen más universidades para consolidar las que estén, y una evaluación para ver cuáles corresponde que sigan y cuáles no. En Ecuador se hizo una evaluación y el Gobierno cerró 26 universidades”.

Consecuencias Sociales de las Universidades de Garaje

Las universidades privadas de nuestro país tienen más estudiantes que las públicas, al revés de lo que ocurre en otros países latinoamericanos.

Las universidades piratas han proliferado en todo el país debido a algo más que la irresponsabilidad. El interés personal de crear instituciones dedicadas a expedir títulos académicos a cambio de una cuota mensual puede resultar un gran negocio y una pésima inversión de tiempo y dinero para los estudiantes.

Hay quienes solo desean un título para que se les abran ciertas puertas, sin importarles la formación recibida. El país está siendo estafado, ya que la pésima calidad de la enseñanza universitaria le impedirá competir en un mundo centrado cada vez más en el conocimiento.

Antes que enorgullecerse de la gran cantidad de establecimientos creados más bien para mercar con la educación, nuestra sociedad debería avergonzarse de su nivel académico.

Las universidades piratas han proliferado en todo el país debido a algo más que la irresponsabilidad. El interés personal de crear instituciones dedicadas a expedir títulos académicos a cambio de una cuota mensual puede resultar un gran negocio y una pésima inversión de tiempo y dinero para los estudiantes.

Las universidades de garaje funcionan sin cumplir las condiciones mínimas de calidad, rigor académico y demás exigencias docentes. Tampoco tienen posibilidades ni interés de hacer investigación, la cual demanda importantes recursos. Los propietarios de estos rentables negocios no son más que simples mercaderes que se aprovechan de la insatisfecha necesidad de conocimiento.

El mercado objetivo son jóvenes de las clases menos favorecidas, con aspiraciones. Seres humanos llenos de esperanzas por lograr un título universitario, que abrigan la ilusión de que éste les permita ascender posiciones en la escala socio económica. Generalmente estudiantes nocturnos que deben trabajar para pagar sus carreras y, a duras penas, subsistir con sus familias. Sufren las limitaciones del tiempo y las consecuentes privaciones en la satisfacción de otras necesidades inherentes a la condición humana.

Esto los lleva al facilismo, a tal grado que cuando determinado profesor les requiere un pequeño rendimiento, inmediatamente es “vetado”. Los directivos, a su vez, para evitarse problemas y molestias cambian al docente de inmediato por otro “más tolerante”.

A la hora de la verdad, estas lucrativas empresas sin ninguna responsabilidad social, de manera engañosa solo venden ilusiones fallidas, porque sus títulos carecen del suficiente respaldo académico para que respondan a las exigencias mínimas profesionales que simboliza el diploma.

Búsqueda de mejoras académicas y transparencia de parte de estudiantes universitarios

La educación superior es hoy una aspiración sentida de los jóvenes que egresan de la educación media y de muchos adultos que no lograron acceder oportunamente a este nivel educacional. La demanda creciente por acceder a la educación superior exige que esta se haga cargo de múltiples necesidades y, por tanto, que diversifique su oferta en distintos tipos de instituciones, de programas, de modalidades de enseñanza–aprendizaje, de estrategias formativas.

Hoy cuando hablamos de educación superior nos referimos a un conjunto amplio y diverso que va mucho más allá de nuestra concepción tradicional, en que identificamos educación superior con universidad.

En este contexto, la articulación de la educación superior con los otros niveles del sistema educativo se hace imprescindible. Sin embargo, la educación superior, aunque critica la formación de los estudiantes que recibe, no asume cabalmente su compromiso, sobre todo en lo que se refiere a la calidad de la formación de docentes. Este es un aspecto crítico que es preciso abordar, tanto desde el punto de vista de las instituciones de educación superior como desde el correspondiente a las políticas públicas: para las primeras, es necesario priorizar una formación de calidad, centrada en las necesidades vigentes de los niños y jóvenes.

Las autoridades públicas, por su parte, deben hacerse cargo del diseño e implementación de políticas que revaloricen la profesión docente, reconozcan su centralidad y recompensen adecuadamente el desempeño educativo. Por eso ante estas y otras problemáticas es fundamental sentirse parte de la propia institución educativa, para ello existen los centros de estudiantes.

En instituciones democráticas, el centro de estudiantes tiene una importante participación en asambleas con profesores, directivos y personal no docente. Todos los estudiantes logran participar y estar al tanto de los debates y las cuestiones que surgen conjuntamente en la institución. La razón es que los estudiantes tienen que tener voto cuando se trata de tomar decisiones que los afectan.

Los estudiantes bien organizados tienen mayores posibilidades de decidir los contenidos que desean incorporar a su formación. La decisión de qué materias se dictan obligatoriamente y cuáles son optativas no está en manos de los alumnos. Sin embargo, a las autoridades les resultará casi imposible desestimar propuestas si vienen enunciadas por un grupo organizado de representantes. Sugerencias cómo hacer de promoción directa una materia o incluir determinado seminario en el curso nunca pueden venir solas, sino acompañadas de propuestas concretas y bien justificadas.

Los centros de estudiantes generalmente son dirigidos por un secretario general o presidente, elegido democráticamente por todos los compañeros. Suele estar acompañado por una comisión directiva, aún así debe escuchar y hacer eco de las propuestas de cualquier estudiante. Los derechos y obligaciones de sus integrantes deben estar puestos por escrito en un estatuto social a disposición de cualquier estudiante que lo solicite.

Finalmente para combatir la mala calidad en la educación superior y para hacer frente a la universidades mediocres el Gobierno debería emplear más recursos en mejorar, en todo su contexto las Universidades Nacionales. Así como lo hacen por ejemplo los Países Nórdicos siendo la educación pilar indiscutible de su rotundo éxito como países desarrollados.

Lastimosamente actualmente se está dando una situación contraria con la propuesta de recorte presupuestario a las Universidades Nacionales que afectará de manera negativa disminuyendo el rubro para las becas, las construcciones, incentivos a los investigadores y el equipamiento de laboratorios.

Como ciudadanos no podemos permitir esta lamentable situación y solicitar la restitución de los recortes aplicados a las Universidades Nacionales para que puedan seguir desarrollando al tope de sus capacidades la tan importante tarea de brindar oportunidad de capacitación profesional y técnica a toda la ciudadanía nacional, lo cual redundará indefectiblemente en el mejoramiento y desarrollo del país a corto y largo plazo.

Autor de la nota: Marcelo Duarte, voluntario de Periodismo ParaguaYOite. Arquitecto y Artista Plástico, Máster Internacional Bim Manager.
Marcelo se desempeñó como docente de Arquitectura en la Universidad Privada del Este (UPE) durante 5 años. Trabajó en el primer programa de la carrera de Arquitectura de la UNE. Actualmente es encargado de cátedra dibujo artístico y grabado en la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional del Este (UNE).